Hoy es la audiencia de vinculación en caso Balda. No sé por qué me vinculan, ni de qué me vinculan. Pero esa es la situación actual del país. Un fiscal puesto a dedo, me vincula para que me juzgue un Sistema de Justicia manejado por un Consejo de la Judicatura también puesto a dedo. La jueza permite que otro poder del Estado, la Asamblea Nacional, declare improcedente su orden judicial pidiendo autorización para mi enjuiciamiento, para lo cual se necesitaban dos tercios de los votos, no mayoría simple, como sucedió.
Esto estuvo preparado desde al menos el mes de noviembre. La prensa hizo lo suyo:
- Sostuvo que había cheques de la Presidencia para los policías involucrados: falso. Los cheques (¡en una operación de “inteligencia”!) son de la Policía.
- Sostuvo que versión de Rommy Vallejo me involucraba: falso. Los medios perversamente mezclaron sus referencias al proceso de DEPORTACIÓN –absolutamente legal y deber del Estado–, con un supuesto intento de secuestro.
- Policías involucrados trabajaban para SENAIN: falso. Trabajaban para DGI (Dirección de Inteligencia de la Policía) Jamás en mi vida he visto o hablado con los policías involucrados.
- Secretario de inteligencia Pablo Romero: en mayo 9 de 2012 fecha que da Balda como ejemplo de un supuesto seguimiento, el secretario de inteligencia era Raúl Patiño. Ni siquiera conocía a Pablo Romero. Ensañamiento contra Pablo Romero es porque quieren obligarlo a que declara en mi contra. Están desesperados porque no tienen ninguna prueba, y yo sí tengo las pruebas de cómo han presionado a gente para que me incrimine con falso testimonio.
Nunca podrán probar nada porque no existe.
Probablemente podrán lograr falsos testimonios, pero jamás prueba material alguna. Sin embargo, hoy pueden ordenar quitarme la libertad.
Desde noviembre, ha existido una persecución judicial feroz: Petrochina, Campo Singue, Tráfico de influencias, Crimen Organizado, nexos con las Farc, Caso Deuda, etc. Se les derrumbaron todos los casos, y ahora quieren vincular a un presidente de la República de supuestos excesos policiales sucedidos en otro país.
Creo poco en la actual justicia cuántica y nada en la dictadura que vive el país. Uno de mis dolores fue ver lo fácil que cooptaron la justicia, pero tengo fe en que hay todavía servidores judiciales decentes, que puedan acabar con tanta farsa.
¡Hasta la victoria siempre!”
El ex mandatario Rafael Correa este 04 de enero tuiteó lo que escribiera él mismo el 18 de junio de 2018, cuando el acoso político y mediático crecía sin proporción en el país, cuando el levantamiento de falacias se iba convirtiendo en el pan nuestro de cada día, empezaba entonces uno de los casos más sucios y enmarañados, lleno de injurias y delirios, con innumerables oscuros personajes aupándolas.
Una mentira es como una bola de nieve, mientras pasa el tiempo se vuelve más y más grande, requiere cierta “destreza” para mantenerla, y que varios astros se alineen.
Desalmados ezbirros sobraban en el gobierno de Moreno, mismos que continuaron en el gobierno de Lasso, asumieron que todos los involucrados tendrían un precio y que al ser Gobierno podrían llegar a él, ahí estuvo el talón de Aquiles del plan, el hecho fortuito de encontrarse con personas incorruptibles.
El papel de Pablo Romero Quezada en la persecución sin cuartel contra Rafael Correa es la de un ciudadano común contra un gigante sin moral, un David contra Goliat.
El ex secretario de inteligencia (SENAIN) Pablo Romero, un ciudadano común, ha dado varias lecciones de ética y buen nombre a la arremetida y brutal potencia ejercida por el estado, no en su contra, sí a lo que representa. Y es que pocos han sido los honorables que han respetado sus principios y han honrado a la verdad por sobre su propia seguridad y libertad, una gran mayoría se vendieron barato y la historia los colocará en el lugar al que pertenecen.
Todo el Estado con su despliegue de violencia institucionalizada, a través de su policía, del departamento de investigación, del cuerpo diplomático y del poder judicial, más la gestión de sus burócratas, quien persigue al hombre que dijo NO.
Durante el gobierno de Lenin Moreno, SANTIAGO CUESTA, asesor presidencial se desplazó a España, donde Pablo vivía desde hace algunos años, y luego de contactarlo, le propuso se autoincrimine en un delito nunca cometido, un supuesto secuestro por orden del mandatario Correa contra un hombre desconocido, apellidado Balda en Colombia, vinculando en esa acción delictiva a Rafael Correa, el verdadero objetivo de este ensañamiento.
El poder de turno deseaba destruir el buen nombre del ex mandatario, acabar con su posibilidad de volver a ser candidato, nada más oportuno que someterlo a la investigación penal, aunque sea construida dolosamente.
A cambio, se ofrecía a Pablo Romero liberarlo de un supuesto problema penal, también construido, el caso Caminito, en donde se lo acusaría de peculado, esto como forma de ejercer presión y orillarlo a cerrar el infame trato con Moreno.
“El poder lo cercó de muchas formas, las gestiones diplomáticas se orientaban a conseguir su extradición para traerlo preso a Ecuador, se lo angustiaba económicamente, la persecución avezada y cruel se manifestaba sin reparos.”
Menthax. La Historia de Pablo Romero Quezada. Mayo 24, 2022. https://www.pabloromeroinocente.com/2022/05/24/la-historia-de-pablo-romero-quezada/
Pablo Romero, hizo lo que pocos, lo que hacen los valientes que defienden sus principios, no aceptó la propuesta ni las amenazas del asesor de Moreno, Santiago Cuesta.
Ante la inesperada posición de Pablo Romero y frente a su negativa de involucrarse e involucrar injustamente a terceros en el supuesto secuestro de un tal Balda, fue apresado y luego sentenciado a nueve años de prisión. Esto sin pruebas, más allá de los falsos testimonios de dos ciudadanos, quienes, sí se doblegaron ante el poderoso interés del Estado malhechor de Moreno. Pero la historia no termina así, el ex sargento de policía Raúl Chicaiza fuera del país a buen recaudo, y aparentemente arrepentido, públicamente desmintió sus propias argucias.
Fernando Balda, un nombre sin ninguna relevancia en la política ecuatoriana, con evidencias que lo vinculan con fuerzas paramilitares colombianas, el 13 de agosto de 2012 fue interceptado por cinco desconocidos (cuatro hombres y una mujer) que se hacían pasar por comerciantes y lo obligaron a embarcarse en un vehículo Toyota Prado de color gris y de placas BRN-651, en donde –según el denunciante– fue golpeado y amenazado de muerte. Sin embargo, gracias a la intervención de taxistas que se percataron del hecho, y alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá, se impidió que se consumara el secuestro. Los plagiadores fueron detenidos y la Fiscalía de Colombia abrió un juicio contra los ellos, a quienes la Justicia de dicho país sentenció. En el proceso los secuestradores señalaron que cumplían una misión en coordinación con agentes ecuatorianos de la SENAIN.
En octubre de 2012, dos meses después del intento de secuestro de Balda en Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Migración de Colombia informó que tomó la decisión de expulsar del país a Balda por petición de la embajada ecuatoriana debido al proceso penal seguido en contra del mismo y además, porque el ecuatoriano permanecía de forma irregular en el país.
Los secuestradores sentenciados revelaron que fueron reclutados por un ecuatoriano llamado Raúl Chicaiza, el informe número 2018-021 DGI–RRHH–PN del 9 de mayo del 2018 suscrito por el abogado Edmundo Egas Benítez, a dicha fecha Mayor de Policía y Jefe de la Unidad de Talento Humano de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, certificó que Chicaiza era a la fecha del incidente en Bogotá, un policía asignado a la inteligencia policial con la función de seguridad y que orgánicamente su superior a la fecha del incidente era el, en ese entonces Coronel Fausto Tamayo Cevallos en su calidad de Director General de Inteligencia, quién hacía méritos para ascender a General, pese a que el 13 de agosto del año 2017 el supuesto delito prescribió el doctor Julio César Trujillo en abril de 2018, encargó la Fiscalía General a Paul Pérez Reina para forjar el proceso a conveniencia política del gobierno de Lenin Moreno.
Chicaiza arrepentido declara
El agente de inteligencia policial Chicaiza fue detenido en mayo de 2018 y el fiscal Pérez le ofreció la figura de «cooperación eficaz», incriminar a Rafael Correa, para beneficiarse con la rebaja de la pena.
Así sucedió, pero en el año 2020 Chicaiza desde Argentina, declaró arrepentido que sufrió presiones del fiscal Pérez Reina, de la Policía Nacional, de Trujillo, de Santiago Cuesta y de otros para acusar a Rafael Correa y Pablo Romero de haber montado el seudo secuestro y otorgarle los beneficios de la «cooperación eficaz» en sus planes de revanchismo y odio político.
Pérez Reina títere de la ultraderecha
La ultraderecha utilizó como títere a Raúl Pérez Reina, ofreciéndole un importante puesto en un organismo internacional por lo que acepto como válida la declaración de Chicaiza, actuando de manera inescrupulosa e ilegal, pues no corroboró ni contrastó evidencias, de modo que no quedara ninguna duda razonable en la vinculación de inocentes al proceso penal causando la tergiversación de la verdad.
En junio de 2018 la Jueza Daniela Camacho siguiendo el juego de persecución política propuesto por el Fiscal Pérez Reina, hace el llamamiento a juicio, en base a varios supuestos elementos de convicción contradictorios, unos de beneficio para los acusados, otros irrelevantes, pero usándolos de manera antojadiza.
Tras varios intentos de extorsión sin éxito a Pablo Romero, en agosto de 2020 un tribunal integrado de manera irregular dicta sentencia de primera instancia contra Romero por 9 años en prisión y queda en suspenso el proceso contra Rafael Correa por encontrarse fuera del país. Dicho tribunal se integró por el juez provincial Iván León Rodríguez, quien primero fue designado como juez temporal de la corte Nacional de Justicia y luego Juez de la Corte Nacional encargado, por la jueza provincial Dilza Muñoz Moreno con el mismo procedimiento que al Juez Iván León y por el conjuez Nacional David Jacho Chicaiza, a quién también se lo designa como Juez de la Corte Nacional.
Mal paga el diablo
En septiembre de 2020 se presentó el recurso de apelación a aquella sentencia política impuesta por el tribunal antes citado, contra el ex Fiscal Paul Pérez Reina y el Juez Iván León se presentaron denuncias por fraude procesal, las que lentamente están siendo atendidas por la Fiscalía.
Mientras tanto los ofrecimientos no se cumplieron, a Chicaiza le fallaron, a pocos días del fracaso de su misión fue transferido desde Quito hasta Zapotillo frontera con Perú, en el 2020 tuvo que huir a Argentina y pedir asilo político porque según él, lo han amenazado de muerte.
A Fausto Tamayo de igual manera lo cesaron como Director General de Inteligencia, y lo transfirieron a un cargo inferior a Guayaquil.
Paul Pérez Reina renunció en noviembre de 2018 a su cargo de Fiscal General.
Por su parte a Iván León le habrían ofrecido la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, pero obtuvo notas tan bajas en el concurso que no calificó para ejercer como Juez Nacional titular y lo regresaron a su provincia.
A su vez, el hombre intocable, ex consejero presidencial Santiago Cuesta, radica en España.
- «Todo es un montaje en el juicio Balda», aseguró ex agente de inteligencia de la policía Raúl Chicaiza en rueda de prensa, a quien amenazaron para que acuse a Rafael Correa y a Pablo Romero.
- En dicha rueda de prensa, Chicaiza aseguró que Julio César Trujillo le dijo textualmente:
«Guambra tú tienes que hacer esto sino te vas a la cárcel 9 años»
«Tú dices esto y te ayudamos, no dices esto y no te ayudamos»
Las declaraciones de Raúl Chicaiza más las irregularidades presentes a lo largo de todo el proceso judicial evidencian la intencionalidad política en el caso y frente a esto es una obligación ciudadana y política exigir VERDAD Y JUSTICIA.
- Diego Chimbo, Abg. de Raúl Chicaiza, ex agente de inteligencia policial, en entrevista dejó claro que el Caso Balda es una farsa y que su cliente nunca se reunió con Rafael Correa.
- Santiago Cuesta, hombre de confianza de Lenin Moreno, confesó que viajó hasta España para chantajear a Pablo Romero que declare en contra de Rafael Correa, por no hacerlo; le montaron el Caso Caminito, acusándolo de “peculado”, en este caso se confirmó su inocencia.
- Santiago Cuesta, en la misma entrevista amenazó a Romero con que le «van a llover las acusaciones, cada una de ellas son como mínimo 4 o 6 años» si no incriminaba a Rafael Correa.
- Hablan del Caso Balda y del supuesto secuestro, pero ¿Quién es Fernando Balda?
No más que un oportunista con sed de dinero, fama y poder.
En agosto del 2020, tras haber sido condenado a nueve años de prisión, la defensa de Pablo Romero presentó inmediatamente el recurso de apelación, sin embargo, luego de 15 meses de espera se le negó tal posibilidad. Además, en tres ocasiones distintas se suspendió la audiencia de apelación, obstruyendo de esta manera el debido proceso.
Pablo Romero fue procesado y condenado por hechos PRESCRITOS, FORJADOS y además fue víctima de extorsión por parte del Gobierno de Moreno con la visita de Santiago Cuesta, con protección por parte de Moreno a cambio de inculpar al ex Presidente Rafael Correa, Romero prefirió la cárcel a mentir.
Además, el supuesto delito HABÍA PRESCRITO. El único tipo de secuestro que podía haberse juzgado sin posibilidad de prescripción es aquel en el que se pruebe la existencia de violencia en el supuesto delito, por tal se forjó a conveniencia el tipo penal, y se añadió plagio y malos tratos. Empero, por forjado, no existe prueba alguna de los supuestos malos tratos, mucho menos del supuesto plagio; pues el intento de secuestro, según indagaciones, no pasó de ser eso y si existiese verdadera justicia, no podría ser tratado como un delito consumado.
Del 17 al 21 de septiembre de 2018 observadores internacionales, abogados y juristas designados fueron invitados a Ecuador por el IPPE (Instituto de Pensamiento Político y Económico) con el fin de evaluar y describir la situación actual en Ecuador en lo que se refiere al respeto de los principios fundamentales del Estado de Derecho. “En el transcurso de cinco días de permanencia en la ciudad de Quito participamos en una intensa actividad que incluyó la participación en conversatorios académicos, las primeras sesiones de la audiencia preparatoria del “caso Balda”, donde se acusó al ex Presidente de la República Rafael Correa Delgado de delitos tales como secuestro y asociación ilícita; el estudio de las relativas actas procesales y los perfiles críticos del acontecimiento; el examen del caso del ex Vicepresidente Jorge Glas, detenido por acusaciones de corrupción, y una visita a la cárcel de Quito; varias reuniones con juristas y abogados ecuatorianos; ruedas de prensa; encuentros con ex funcionarios del Estado también sometidos a procesos de naturaleza variada como penales, administrativos, contables; reuniones con las asociaciones de ciudadanos comprometidas en la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho; encuentros con la ciudadanía”. Menthax. La Historia de Pablo Romero Quezada. Mayo 24, 2022.
Las conclusiones del informe de la misión en Ecuador son contundentes, a continuación, el extracto del capítulo 4 de CONCLUSIONES del Informe:
Este análisis sintético de los aspectos y los casos anteriormente mencionados evidencia que hoy en día en Ecuador ocurren violaciones graves, sistemáticas y profundas de los derechos humanos y políticos.
Innumerables las violaciones de los principios básicos de un Estado de derecho, tanto en materia constitucional como procesal y penal.
Evidentes las graves anomalías que caracterizan las acciones actuales del Estado
ecuatoriano, con respecto a lo que prevé la Constitución. En Ecuador hay intolerables violaciones de los principios fundamentales de la responsabilidad penal, administrativa, civil y contable, con la inercia, y de vez en cuando la complicidad, de los órganos judiciales ecuatorianos, que no cuentan con la seguridad de su necesaria autonomía e independencia del poder político.
El caso Correa-Balda constituye un ejemplo emblemático del actual embrutecimiento de las reglas del Estado de derecho.
Es evidente la infracción en materia del derecho procesal de la prueba, dado que se están ignorando totalmente los principios básicos elaborados por la ciencia jurídica y la jurisprudencia más consolidada. Así que, en base a estos principios, el testimonio del principal acusador de Rafael Correa Delgado se debe considerar del todo inatendible e inutilizable.
En el ámbito de derecho penal sustancial, el intento de la fiscalía de calificar como desaparición forzada la privación temporal de la libertad de un fugitivo como Fernando Marcelo Balda Flores parece totalmente infundado y procedente de un evidente forzamiento de aplicabilidad de la figura del delito de “desaparición forzada”.
En fin, es paradójico el intento de utilizar las teorías de Claus Roxin sobre el “dominio del hecho” para sostener una acusación insostenible e irreal como esta, aduciendo un inaceptable paralelismo entre el Estado ecuatoriano y el régimen nazi de Hitler y afirmando que una organización estatal ecuatoriana se puede equiparar a organizaciones militares y violentas como la dictadura nazi o la asociación mafiosa Cosa Nostra; es decir, organizaciones en las cuales los Jefes ejercen un control absoluto sobre sus subordinados, a través de una rígida cadena de mando, así que es posible decir que el Jefe de la organización tiene tanto “dominio del hecho” que se le pueden automáticamente atribuir todos los delitos cometidos por quienes pertenecen a la misma organización. De esta manera se ha llegado a sostener la absurda y paradójica conclusión que es posible equiparar la relación existente entre el Presidente Correa y los agentes de la Policía Nacional a la que había entre los jerarcas nazis y los militares del Reich y la que hay entre los “Capi” de la Mafia y los asesinos de la organización mafiosa. Con el resultado de una total y absoluta distorsión de la teoría de Roxin, que por otro lado la magistratura italiana ya declaró inaplicable a los crímenes cometidos por los afiliados de las asociaciones mafiosas italianas como Cosa Nostra.
De hecho, una evidente manipulación del derecho penal utilizado para otros fines, evidente y esencialmente políticos, para que Rafael Correa Delgado pague no por posibles y presuntas responsabilidades legales y penales, sino por presuntas responsabilidades políticas.
En última instancia, sin duda estamos en presencia de graves y evidentes violaciones de los derechos humanos, de suspensión de los principios de garantía de un Estado de derecho y de instrumentalización de la justicia para fines políticos, que deben asustar a cualquiera que se preocupe por el destino de la democracia, el estado de derecho y los Derechos del Hombre en el Mundo, y que nosotros tenemos el deber de denunciar siempre y en todo lugar, judicial y extrajudicial.
Extracto tomado de: Menthax. INFORME FINAL SOBRE LA MISIÓN EN ECUADOR (17/21 de septiembre de 2018). Mayo 24, 2022.